Así lo advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado, luego de indicar que la responsabilidad estatal se puede ver comprometida por el suministro de información privilegiada o de reserva, especialmente aquella que tiene origen en labores investigativas y de inteligencia, cuando su contenido no es certero y concreto, respecto de personas o cosas que implican una alteración al orden público o a la seguridad nacional. Según el alto tribunal, a las autoridades se les exige la máxima responsabilidad al momento de difundirla o de ponerla a disposición de los medios de comunicación, ya que en caso de no contar con la razonable veracidad, imparcialidad y transparencia puede representar la vulneración de los derechos constitucionales y supraconstitucionales al honor, honra, buen nombre e intimidad de las personas (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).