La Sala Plena del Consejo de Estado revocó una decisión que obligaba al Distrito Capital a pagar a favor de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) el 10 % de todas las multas de tránsito que se recaudaron a través del Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito (Simit) desde el 2002; según lo informó un comunicado de prensa, la condena, actualizada, hubiera ascendido a cerca de $ 187 mil millones. La acción popular decidida consideró que en este caso no se demostró la afectación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que ameritara su protección. Para la corporación, tal afectación no puede estar soportada solo en el desconocimiento e incumplimiento de una ley, sino que es necesario que se pruebe la conducta desviada o deshonesta del funcionario que tenía la obligación de realizar el pago, o la intención de favorecer intereses propios o de terceros.