Después de un mes de implementada la medida, el contralor de Bogotá, Diego Ardila, manifestó que, aunque no se opone a la reducción de tarifas en el transporte público, el Decreto 356 del pasado 23 de julio, por el cual se establecieron las tarifas del sistema Transmilenio y del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), no es jurídicamente viable y podría comprometer las finanzas de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Además, afirmó el funcionario, contraviene los principios de gestión fiscal y función administrativa.