La Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que es viable declarar la responsabilidad estatal a título de falla del servicio por la muerte de reclusos. En su opinión, ese régimen se puede configurar cuando se prueba la existencia de armas cortopunzantes en el centro carcelario, porque esto implica una falta en el registro o requisa legalmente establecida y en el control de la seguridad de los retenidos. Así, el Inpec viola los deberes normativos de cuidado y vigilancia impuestos por la Constitución y la Ley 65 de 1993, destacó (C. P. Jaime Santofimio).