La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad estatal derivada de la falla del servicio frente a la muerte de un soldado conscripto, quien se ahogó mientras prestaba el servicio militar, ya que no se atendieron los deberes normativos relacionados con la seguridad y protección del personal y la atención de emergencias. El alto tribunal recordó que ese título de imputación debe aplicarse cuando la irregularidad administrativa produce el daño o aporta a su acaecimiento. De hecho, el Estado ejerce una posición de garante institucional y funcional frente a los soldados, que debe reforzarse con el estricto cumplimiento de los manuales sobre prevención de accidentes, ya que tiene custodia frente a ellos, agregó. Cabe destacar que la corporación liquidó los perjuicios morales bajo el test de proporcionalidad como expresión del arbitrio iuris (C. P. Jaime Orlando Santofimio).