La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que el juicio de moralidad administrativa sobre la actividad contractual está dirigido a verificar que los contratos de las entidades públicas no se utilicen con fines distintos o contrarios a los perseguidos por el Estado. Así las cosas, afirmó que existe amenaza o vulneración a este principio cuando la trasgresión de la legalidad obedece a finalidades de carácter particular, cuando existen irregularidades y mala fe por parte de la administración en el ejercicio de potestades públicas y, además, cuando se desconocen los valores y principios que inspiran la actuación administrativa y que determinan la expedición de las normas correspondientes al tiempo que orientan su adecuada interpretación (C. P. Hernán Andrade).