La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que aclare mediante auto motivado y no mediante un comunicado de prensa la providencia 173 del 2012, que ordena al Ministerio de Defensa devolver seis hectáreas de terreno ocupadas por construcciones suyas y que son propiedad de los resguardos indígenas Jiw y Nükak, ubicados en los departamentos del Meta y Guaviare. Así mismo, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, sostuvo que ordenará conformar una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados. La providencia del tribunal constitucional señala que estos pueblos indígenas están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección.