La Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que analiza las medidas tomadas por el Gobierno en materia de atención y generación de empleo para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según el organismo, no existe suficiente claridad por parte del Ejecutivo en relación con la diferenciación que debe hacerse entre la política pública diseñada para disminuir la pobreza extrema, con la política pública de reparación para las víctimas del conflicto armado. De esta forma, consideró que no existe un criterio unificado dentro del mismo Gobierno con respecto a la diferencia entre medidas de atención (programas de generación de ingresos y estabilización socioeconómica, según la Ley 387 del 2007 y el Conpes 3616 del 2009) y medidas de reparación integral (de generación de empleo, de acuerdo con la Ley de Víctimas y el Conpes 3726 del 2012). Así mismo, aseguró que el Ministerio del Trabajo aún no cuenta con una caracterización idónea respecto del número de víctimas que serían beneficiarias de las medidas de generación de empleo.