La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó para desempeñar cargos públicos a dos exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras que comprendían la primera fase de valorización, previstas en el Acuerdo 180 del 2005. Según la oficina de asuntos disciplinarios, los funcionarios omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar demoras e improvisaciones que impidieran la entrega oportuna de las obras. Lo anterior generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos, presentando continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las siete vías, dos puentes vehiculares y cinco peatonales, cinco andenes y dos obras de mejoramiento vial.