La categoría de las leyes estatutarias no existía antes de la promulgación de la Constitución de 1991. Por eso, los derechos fundamentales se podían regular a través de una ley o de un decreto con fuerza de ley, como ocurrió con el Código Contencioso Administrativo vigente (D. 01/84) respecto del ejercicio del derecho de petición.

La Procuraduría General de la Nación recordó que esa regla no se le aplica al nuevo código (L. 1437/11), que entrará a regir el 2 de julio del 2012, porque fue promulgado en vigencia de la Constitución de 1991.

Así lo afirmó el ente de control, al pedirle a la Corte Constitucional que declare inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437, que regularon de forma íntegra, estructural y completa el derecho de petición, señalando los requisitos para su ejercicio, restricciones, procedencia, trámite y consecuencias.

Previendo las consecuencias de la inexequibilidad, el Ministerio Público le pidió a la Corte modular los efectos de su decisión en el tiempo y exhortar al Congreso a expedir una ley estatutaria que regule el tema.

(Procuraduría, Cpto. 5176, jun. 24/11)