Otorgarle poder a un particular para ejercer la labor de vigilancia y control fiscal sobre los recursos públicos de orden nacional desnaturalizaría el diseño constitucional que le asigna dicha labor a la Contraloría General de la República. Solo en casos especiales, es posible permitir que el control fiscal se realice a través de empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público y previo concepto del Consejo de Estado, señaló recientemente la Contraloría. En virtud de la democracia participativa, los ciudadanos pueden participar en la vigilancia y control a los recursos públicos dentro de las auditorías articuladas con organizaciones de la sociedad civil.