El Consejo de Estado reiteró que aunque la Ley 80 de 1993 previó que en los contratos estatales es posible pactar multas, este régimen legal no autorizó que la administración las impusiera al contratista, debiendo acudir al juez para el efecto. Un proceder diferente contraría el principio de legalidad y amerita declarar de oficio la nulidad de la cláusula que contiene esa prerrogativa, aclaró el alto tribunal (C.P. Stella Conto Díaz).