El Ministerio de Justicia avanza en el proceso de depuración normativa y se encuentra analizando varias disposiciones con el objetivo de determinar si se encuentran vigentes o resultan totalmente obsoletas.

Dichas normas aparecen en el ordenamiento jurídico, por lo que es necesario determinar cuáles caducaron de acuerdo a su plazo o vencimiento, para no generar inseguridad jurídica.

Estos procesos de depuración se vienen desarrollando por la cartera de Justicia con una serie de proyectos piloto que se han puesto en marcha en otros sectores, como el del Interior; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Minas y Energía y Ciencia, Innovación y Tecnología, entre otros.

En el segundo semestre del 2016 se analizaron 4.075 normas (el 32 % de 12.598) y cerca de 800 de diferentes sectores se encuentran pendientes por analizar.

Los criterios que se aplican para depurar una ley son variados:

i) La obsolescencia o desuso, es decir, que resulte inaplicable para un sistema jurídico determinado; también la derogación orgánica, pues una ley puede considerarse por fuera del sistema jurídico actual debido a que ya se ha expedido una nueva norma que regula la materia íntegramente.

ii) Que el objeto haya sido agotado, lo cual aplica para normas que contienen mandatos específicos ya ejecutados. Es algo que se presenta cuando se ordena que se lleve a cabo un acto o se desarrolle una actividad y esto ya ha tenido lugar.

iii) Que la vigencia sea temporal, normas expedidas durante los estados de excepción, que no fueron adoptadas como legislación permanente o incorporan un plazo de vigencia.

Minjusticia, Comunicado, 27/01/17

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