Las medidas de intervención sobre personas naturales previstas en el Decreto 4334 del 2008, por colaborar en la captación de recursos no autorizada, aunque permiten intervenir la totalidad de los activos y, en alguna medida, resultan agresivas, son procedentes y necesarias, pues se ajustan al fin perseguido por la norma, como es proteger los derechos de los depositantes y el interés público, señaló la Superintendencia de Sociedades, en oficio de julio. La entidad recordó los efectos de la Sentencia C-145 del 2009, que declaró exequible la mayoría de las facultades otorgadas para intervenir captadoras ilegales.