Lo que tiene que saber de la conciliación extrajudicial en litigios administrativos (2:05 p.m.)

Un auto de ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado empezó explicando que, en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley 640 del 2001 y el artículo 3° del Decreto 1716 del 2009, la suspensión del término de caducidad originada en el trámite de la conciliación prejudicial no puede prorrogarse más allá de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación. Así, el interesado en acudir a la administración de justicia es quien debe estar atento al vencimiento de dicho plazo a fin de evitar instaurar la demanda por fuera de los términos legalmente establecidos. Cabe precisar que estas normativas claramente señalan que el término de caducidad se suspende hasta por tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. De ahí que “cumplido dicho lapso se reanuda el conteo sin importar si la diligencia pudo llevarse a cabo o si el trámite conciliatorio se logró surtir a cabalidad”. Esto quiere decir que la ley permite tener por resuelto dicho requisito cuando el trámite de la conciliación prejudicial no se puede completar dentro de los tres meses establecidos en el ordenamiento jurídico, ya sea porque no se logró celebrar la audiencia de conciliación en este lapso o porque la Procuraduría no expidió las constancias a tiempo. Por ello, cumplidos los tres meses reinicia el cómputo del término de caducidad sin importar si está pendiente la celebración de la audiencia o la expedición de las constancias de no conciliación y el solicitante queda habilitado para instaurar la demanda correspondiente (C.P. María Elizabeth García).