La condición de juez de la República es una dignidad relevante en la Rama Judicial. Por eso, no es posible que los jueces, en su calidad de servidores públicos, atenten contra la institucionalidad y la credibilidad que las entidades públicas tienen ante la comunidad.

Así lo explicó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al sancionar a un juez que respondió un derecho de petición formulado ante su despacho empleando expresiones “desobligantes” contra funcionarios de una inspección de policía y de la personería del municipio.

El hecho de que un juez verifique irregularidades en las entidades públicas no justifica que afecte el buen nombre y la honorabilidad de sus funcionarios. Su deber es poner dichas anomalías en conocimiento de las autoridades competentes, concluyó el Consejo, que suspendió al juez de su cargo durante un mes.

(C. S. Jud., Sent. 66001110200020100009001, jun. 22/11, M. P. Pedro Alonso Sanabria).