Un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado insiste en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada de una previsión legal o jurisprudencial. “Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación”, concluyó la Sala (C. P. Stella Conto Díaz).