La Ley 79 de 1993 faculta al DANE para imponer multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes a las personas naturales o jurídicas que no le entreguen los datos solicitados en desarrollo de censos y encuestas u obstaculicen la realización de estas. Con el fin de actualizar el procedimiento administrativo para la investigación e imposición de tales multas, el organismo acaba de expedir la Resolución 969, que deroga la Resolución 171 de 1998.