Una acción de reparación directa encaminada a buscar la indemnización de los perjuicios que sufrió un dirigente social durante un atentado contra su vida, además del desplazamiento forzado al que fue sometido por grupos paramilitares al margen de la ley, motivó a que la Sección Tercera del Consejo de Estado exhortara al Presidente de la República para que se adopte, con carácter urgente, un plan de acción con miras a proteger la vida de quienes se consagran a la promoción y defensa de los derechos humanos, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc. La corporación también instó al alto mandatario para que, dentro de sus competencias y en coordinación con el Defensor del Pueblo y el Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, reglamente, de manera urgente, el nuevo Sistema de Prevención y Alertas Tempranas previsto en el referido acuerdo, de tal manera que sea posible procesar, verificar y analizar técnicamente la información relacionada  con las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de quienes se consagran a la promoción y defensa de los Derechos Humanos (C. P. Ramiro Pazos).