La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) definió la metodología para la determinación de la provisión contable relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales. Esta excluye los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia. Esta metodología consta de cuatro pasos en los que debe actuar el apoderado del proceso y encargado del área financiera, así: 1) determinar el valor de las pretensiones, 2) ajustar el valor de las mismas, 3) calcular el riesgo de condena y 4) registrar el valor de las pretensiones. Para ajustar el valor, el apoderado debe indexar el valor de estas, luego efectuar su tasación real y, por último, con base en la duración estimada del proceso, expresar el valor anterior en valor presente neto. Así mismo, estableció el cálculo de la probabilidad de pérdida de un proceso, de modo que se debe calificar el nivel de riesgos como: pérdida por relevancia jurídica de las razones de hecho, riesgo de pérdida del proceso asociado a la contundencia y pertinencia de los medios probatorios asociados al nivel de jurisprudencia, entre otros. Esta calificación se dará a partir de los niveles: alto, medio alto, medio bajo o bajo.