Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría de los contratos estatales no son concurrentes. Sin embargo, la entidad pública puede dividir la vigilancia del contrato e indicar las actividades técnicas y de conocimiento especializado que estarán a cargo del interventor. En este caso, las demás actividades quedarán a cargo de la misma entidad, a través del supervisor, señaló la Contraloría General de la República. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, mediante supervisión o interventoría, según corresponda.