La Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que cuando no se realiza un juicio valoratorio integral de la prueba en investigaciones disciplinarias se incurre en una irregularidad en la actividad probatoria, la cual atenta no solo el derecho de defensa, sino también el debido proceso. Ello en tanto se infringen principios, garantías, derechos y deberes previstos en la ordenamiento constitucional y legal, que rigen los actos probatorios y las pruebas en sus etapas de solicitud, decreto, práctica, valoración e impugnación de las mismas (C. P. Sandra Lisset Ibarra).