La Sección Tercera del Consejo de Estado enfatizó recientemente que el contratista que concurre a modificar el plazo o alcance del contrato sin siquiera musitar algo acerca de las consecuencias económicas de ello para luego, cuando termina el contrato, sorprender a la Administración con reclamaciones originadas en esa manifestación de voluntad no obra conforme a la lealtad y a los postulados de la buena fe. Así las cosas, el alto tribunal concluyó  que si durante la ejecución del contrato el contratista no ha solicitado el reconocimiento de eventuales sobrecostos como efecto de una suspensión ni ha manifestado reproche alguno en este sentido a la hora de acordar las suspensiones no puede, con posterioridad a la finalización del contrato, solicitar indemnizaciones (C. P. Ramiro Pazos).