Luego de que la Ley 1425 del 2010 eliminó el estímulo económico a las acciones populares, su interposición se redujo en un 90%. Así lo indicó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, durante el VIII Seminario Internacional de Gerencia Jurídica, celebrado en Bogotá, el pasado 24 de octubre.

En opinión de Esguerra, la acción popular fue desnaturalizada, pues ya no se usaba para proteger los derechos colectivos, sino como un “instrumento de codicia” por parte de quienes pretendían obtener un beneficio económico.

En su intervención, el ministro invitó a los abogados a recuperar la confianza en la conciliación como fórmula para obtener una justicia pronta y cumplida.

En el mismo sentido, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, expresó su preocupación por el impacto que las sentencias condenatorias y los litigios en contra de la administración tienen en las finanzas públicas.

Ordóñez advirtió que en los casos que tienen una alta probabilidad de condena, las entidades públicas usan escasamente la conciliación y optan por mantener el conflicto, lo que ocasiona congestión judicial e incrementa las erogaciones estatales.

Por esta razón, la Procuraduría está interesada en crear una cultura de la conciliación que reemplace la cultura del litigio, aseguró el jefe del Ministerio Público.