La naturaleza del contrato de interventoría está compuesta por actividades de control, supervisión, vigilancia y fiscalización de las obras, precisó el Consejo de Estado. A renglón seguido, señaló que no hacen parte de esa figura contractual la de elaborar presupuestos ni cantidades o especificaciones técnicas. Por lo anterior, desde una perspectiva de lo que es natural al contrato, un interventor no está obligado a cumplir con tales actividades, salvo que dentro del clausulado correspondiente hubiera asumido esa obligación de manera expresa, concluyó la corporación. Para el análisis de este caso, la Sección Tercera tomó en cuenta la definición doctrinal de coligación negocial para dar explicación a la interdependencia entre dos contratos (C.P. Danilo Rojas Betancourth).