La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que cuando un funcionario ha sido suspendido de su cargo durante una investigación penal en la que finalmente no resulta condenado debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado. El alto tribunal indicó que debe retrotraerse la situación como si esta persona nunca hubiera sido separada del servicio y, por ende, la víctima de la privación injusta de la libertad tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, precisó que corresponde a la entidad a la cual está vinculado asumir tal carga. No obstante, para el caso concreto, el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad que impartió la orden de suspensión (C. P. Carlos Alberto Zambrano).