La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo ordena el Decreto 01 de 1984, solo puede ejercerse bajo la condición de haberse agotado previamente la vía gubernativa. Así lo precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Según el fallo, ello requiere que la Administración haya tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del derecho pretendido, por acto expreso o ficto, contra el cual no quepa recurso o este se haya decidido. Así la cosas, el alto tribunal administrativo afirmó que el presupuesto de acceso a la vía judicial, también denominado doctrinariamente “decisión prealable” o decisión previa, surge desde el momento en que el gobernado acude por escrito a elevar una pretensión de carácter subjetivo; y con ello poniendo en marcha el aparato administrativo en procura de una respuesta que se materializa en un acto que en muchas ocasiones basta para acceder a la vía judicial por disposición del Decreto 01 mencionado (C. P. Gabriel Valbuena Hernández).