El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, anunció que se les brindará asesoramiento legal a los familiares de los 32 niños que perecieron durante el incendio de un bus en Fundación (Magdalena).

Según explicó, tras la judicialización de los presuntos responsables, se debe adelantar una etapa de verificación, para identificar las instituciones del Estado que fallaron por omisión al no cumplir con las labores necesarias para evitar la tragedia.

“De nada sirve expedir leyes para el control de la velocidad, la actualización de los seguros obligatorios y demás normas de tránsito en ciudades, municipios y carreteras de la geografía nacional, si al final del día estas no se cumplen”, agregó Otálora.

El funcionario señaló que hubo ausencia de Estado alrededor de estos acontecimientos y, por lo tanto, debe haber una reparación para sus familias.

Cabe recordar que, según la Contraloría General de la República, a diciembre del 2013 el monto de las pretensiones en demandas contra el Estado ascendía a 412 billones de pesos.