Sobreestimación del número de beneficiarios del sistema de vigilancia electrónica y pagos al contratista sin haber lugar a ellos son algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la ejecución del contrato por medio del cual el Ministerio del Interior y Justicia implementó el sistema de brazaletes a los reclusos que gozan de prisión domiciliaria, reveló hoy el organismo de control. De otro lado, la entidad anunció que investigará las denuncias sobre la identificación de la población carcelaria en custodia del Inpec, pues, al parecer, unas 28.000 personas no están identificadas plenamente.