Luego de la decisión del Consejo de Estado que le otorgó a la Contraloría General de la República la competencia para investigar a los magistrados involucrados en el llamado “carrusel de las pensiones”, la contralora general, Sandra Morelli, afirmó que “continuará con las indagaciones  y seguirá escuchando en versión libre a los funcionarios investigados”.

La funcionaria espera que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a donde había sido trasladado el proceso por orden de una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, devuelva los expedientes lo más pronto posible.

Sin embargo, en declaraciones a Caracol Radio, Germán Blanco, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara Representantes, sostuvo que el concepto de la Sala  de Consulta del Consejo de Estado no es vinculante y, por esa razón, “no devolverá los procesos a la Contraloría”.

“Vamos a esperar la decisión de la Sala Plena, porque el fallo consultivo debe ser analizado por la plenaria de ese alto tribunal. Y vamos a esperar si se interponen algunas acciones de tutela de personas que puedan ver vulnerados sus derechos por esa decisión de la Sala de Consulta”, indicó.

Según el representante, “mientras se resuelve definitivamente esta colisión de competencias se continuará el proceso, teniendo en cuenta el fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura”.

Gobierno celebra decisión del Consejo de Estado

“Celebramos que ya sin más dilaciones se defina quién tiene la competencia para adelantar las investigaciones fiscales a los altos magistrados”, sostuvo hoy el ministro del Interior, Germán Vargas Llegas, luego de conocer el fallo del Consejo de Estado.

Para el funcionario, es acertada la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, pues permitirá que “se aceleren los casos pendientes, como el del carrusel de los contratos y pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura”.

Ayer el Consejo de Estado desautorizó a la sala de conjueces y advirtió que la Contraloría General de la República sí es competente para investigar fiscalmente a los aforados.