Contraloría advierte sobre deficiencias en proyectos financiados con regalías

La Contraloría General de la República advirtió que varios de los proyectos que se están ejecutando con dineros del nuevo Sistema General de Regalías (Ley 1530 del 2012) tienen irregularidades, no eran pertinentes, son insostenibles financieramente o no están cumpliendo ninguna función social.

Según el organismo, 1,54 billones de pesos de los recursos recaudados han permanecido durante seis meses represados en las cuentas del Ministerio de Hacienda, el nivel de giros está en el 42,26 % del total de los recursos y su ejecución en proyectos aprobados es del 39,59 %, con corte a mayo del 2013.

“La ejecución del sistema es demasiado baja si se tiene en cuenta que los recursos de regalías buscan mejorar las condiciones sociales de la población, en especial de la más pobre y vulnerable”, advirtió.

Según la Contraloría, se han identificado proyectos aprobados por los entes territoriales con falencias en los cierres financieros que no los harían sostenibles y que terminarían convirtiéndose en obras inconclusas.

Al revisar con detalle proyectos viabilizados y aprobados por las secretarías técnicas de los OCAD, se concluyó que existe una falta de conocimiento para el diligenciamiento y el cumplimiento de los requisitos.

Además, se encontraron proyectos turísticos que ocupan la mayor parte de los recursos asignados en departamentos en los que sus municipios tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas inferiores al promedio del país.

“Se identificaron proyectos de sectores que ya están financiados con otros rubros del presupuesto nacional, o proyectos cuya población beneficiaria no es relevante frente al total de la población desatendida”, advirtió la Contraloría.

Por último, señalo que la implementación de la ley requiere una reflexión que permita redefinir, ajustar y corregir a tiempo los factores que han obstaculizado el cumplimiento de sus objetivos.

Vale la pena recordar que, el mes pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible el poder de veto que tenía el Gobierno sobre la ejecución de proyectos financiados con los recursos de las regalías (Ley 1606 del 2012, artículo 31).

Según el alto tribunal, esa atribución desconoce el principio de autonomía territorial que tienen las regiones para desarrollar iniciativas en ciencia, tecnología e innovación.