Contraloría abrirá proceso de responsabilidad fiscal contra Consejo Superior de la Judicatura

La Contraloría General de la República iniciará procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 10.000 millones de pesos, para determinar el presunto daño patrimonial que han ocasionado los atrasos en la dotación necesaria para poner en marcha el sistema oral bajo el nuevo Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 del 2011).

La norma le impuso al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de hacer las inversiones correspondientes para la dotación de infraestructura, que debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del código, es decir, el 2 pasado de julio. Hasta la fecha, se han comprometido 48.000 millones de pesos en infraestructura y 68.000 millones destinados a gastos de personal.

Según la Contraloría, es evidente que estos despachos no están dotados, pues se proyectó hacer 150 salas para oralidad y, a la fecha, solo 16 están listas, construidas y dotadas.

“A pesar de existir 173 juzgados y 88 despachos, atendiendo la oralidad administrativa, no cuentan con la dotación de elementos tecnológicos para su adecuado funcionamiento. A hoy, el represamiento de los procesos de la jurisdicción contenciosa administrativa está alrededor de los 186.000”, advirtió el ente de control.

Vale la pena recordar que, en marzo pasado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer un informe sobre las actividades adelantadas para la implementación del nuevo código.

Con respecto a la inversión en infraestructura física, señaló que están contratadas 140 salas de audiencia, con una inversión de 6.500 millones de pesos para adecuación y dotación de mobiliario.

En materia tecnológica, se contrató el suministro e instalación de 140 equipos, con una inversión cercana a los 3.105 millones de pesos, indicó la corporación.