La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha destacado que la decisión judicial de privar injustamente a una persona de su libertad comporta no solo la violación de importantísimas garantías constitucionales de primer orden en el Estado social de derecho, sino que, además, genera un profundo dolor a quien, sin estar obligado a ello, debe soportar la arbitrariedad de la administración de justicia. Así lo reiteró el Consejo de Estado al resolver la apelación de un fallo relativo a una acción de reparación en el que se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de un ciudadano.