La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de facilitar el acceso a la justicia de un gran número de personas que pretenden pronunciamientos sobre la validez de la acciones estatales relacionadas con las captadoras ilegales de dinero conocidas como “pirámides”, emitió el Acuerdo PSAA10-6431 del 2010. Sin embargo, la Sección Tercera se apartó de la interpretación del acuerdo según la cual pueden tramitarse tantas acciones de grupo como lugares del territorio nacional tuvieron captación de dineros del público. Por lo anterior, la Sala estimó que lo procedente es tramitar bajo una misma y única cuerda las pretensiones de restablecimiento por un mismo hecho lesivo (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).