A través de una sentencia publicada recientemente, la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que es deber de la persona que pretende participar en un proceso de selección adelantado por un ente estatal estar en el Registro Único de Proponentes, en donde debe consignar la información de todos los contratos ejecutados y en ejecución, para así poder determinarse, entre otros, la capacidad máxima de contratación y la residual del oferente, con el fin de que la administración seleccione de forma objetiva el mejor ofrecimiento, esto es, a quien cumpla con los más altos requisitos exigidos para la ejecución del objeto contractual. “No hacer lo indicado significa vulnerar los principios constitucionales y legales que rigen la contratación del Estado”, se afirma. Como consecuencia, el alto tribunal reiteró que al momento de presentación de la propuesta el oferente debe acreditar que se encuentra inscrito en el registro y que todos los contratos ejecutados y en ejecución se encuentran reportados, independientemente de su cuantía, para de esta manera quedar habilitado y que su propuesta pueda ser evaluada (C.P. Jaime Orlando Santofimio).