De acuerdo con lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, que regula una categoría especial de contratos, el comodato celebrado con entidades privadas y con recursos oficiales debe impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo, indicó el Ministerio de Hacienda, en oficio de agosto. Los aspectos de orden formal están previstos en el Estatuto General de Contratación Pública y los del contenido del contrato como tal en los artículos 2200 y siguientes del Código Civil.