Tras realizar una auditoría a la contratación de la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República no detectó conductas reprochables desde el punto de vista penal o de responsabilidad fiscal, pero sí de orden administrativo y de carácter disciplinario. Según el dictamen, el volumen de contratación de la entidad puede desbordar su capacidad de gestión administrativa, por lo cual le pidió adoptar acciones para mejorar en esta materia y evitar riesgos en su ejecución presupuestal.