El auditor general de la República, Iván Darío Gómez, afirmó hoy que existe una tendencia sistémica y reiterada del manejo indebido de recursos como las regalías por parte de las entidades territoriales, problema agravado por las deficiencias del control fiscal territorial, que conllevan a que la mayoría de los procesos que se adelantan no culminan con decisiones de responsabilidad fiscal. En efecto, durante los últimos cinco años, el total de expedientes prescritos ascendió a 3.732, por un valor de $ 2,9 billones. “Existe politización del control fiscal (…) La forma de nominación de los contralores ha conllevado a la necesidad de adquirir compromisos por parte de algunos de ellos, en términos de cuotas políticas de favorecimientos en el ejercicio del control”, agregó el funcionario.