Con el fin de optimizar al máximo la labor para la cual fue creada, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado anunció que establecerá criterios de intervención en los procesos que cursan en contra de la Nación.

El objetivo será determinar cuáles procesos son más significativos, para lograr una mayor agilidad y efectividad en la defensa.

La  estrategia fue propuesta por el Consejo Directivo de la entidad, integrado por los ministros de Justicia; Ruth Stella Correa; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; de Comercio, Sergio Díaz-Granados, y por la directora General de la Agencia, Adriana Guillén.

La entidad intervendrá en los procesos que tengan pretensiones por más de 20.000  millones de pesos; los que sean estratégicamente importantes, por las repercusiones que puedan tener en un futuro; los que tengan un punto jurídico relevante o que puedan generar más demandas; aquellos en los que se necesite unificar jurisprudencia y en los que se violen los derechos humanos.

En octubre pasado, la agencia reveló que las pretensiones de las demandas que actualmente cursan contra el Estado ascienden a 957 billones de pesos.