En un fallo que fue notificado recientemente, la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y, por esta razón, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. De ahí que cuando se trata de un error de la administración, al conceder un derecho a quien no reunía los requisitos legales, la entidad no puede alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, finaliza la providencia. En el documento adjunto a esta nota encuentra la aplicación de esta tesis en el caso concreto objeto de estudio (C.P. Francisco Suárez Vargas).