¿Y de la justicia qué?

Néstor Humberto Martínez Neira Socio de Martínez Neira Abogados Consultores

En enero del año 2010 dijimos en estas mismas páginas de ÁMBITO JURÍDICO que la reforma constitucional a través de acto legislativo no era “... la vía más idónea. De hecho el gobierno y el parlamento han fracasado en este intento en los últimos ocho años. En el trámite del Congreso no solo es difícil alcanzar consensos, sino que la propia clase política mantiene intereses superlativos en el modelo judicial y en la definición de su juez natural”. Y así quedó demostrado, ¡y de qué manera!

Ampliando nuestro punto de vista, dijimos también en aquel entonces: La constituyente es el camino. Y es el camino para lograr un consenso capaz de promover una solución a todos los problemas de la justicia, sin dogmatismos y sin mezquindades, que conduzca a revisar sin más límites que el interés común, la arquitectura institucional, el modelo de gerencia judicial, el futuro del Consejo Superior de la Judicatura, la tutela, el sistema de nombramiento de los magistrados y el fiscal, la posibilidad de establecer rentas de destinación específica para la justicia, la necesidad de profundizar el acceso ciudadano a este bien público y confrontar de una vez por todas las distintas expresiones de venalidad que se presentan al interior del sector.

No hay para qué volver sobre los antecedentes, los debates, las negociaciones y el bochornoso final de la reforma constitucional promovida por el Gobierno hacia la administración de justicia. El archivo de esta es un hecho cumplido, independientemente de las reservas de orden constitucional que nos merece desde el punto de vista académico el procedimiento supraconstitucional escogido para darle cristiana sepultura al acto legislativo.

Con realismo político debe aceptarse que, por ahora, no es el momento de volver a hablar de la reforma constitucional. Lo que sigue entonces es preguntarnos, como ciudadanos, ¿qué será en adelante del servicio público de la administración de justicia y qué puede esperar el colombiano de a pie del futuro de este servicio público?

Lo cierto es que las cosas no pueden seguir como vienen. Al menos el frustrado trámite de reforma permitió a los distintos sectores de la sociedad interesarse en el tema, reconocer las precariedades financieras del Poder Judicial, las limitaciones existentes para atacar el atraso judicial y hasta qué punto el acceso a la justicia es restringido y discriminatorio. A partir de la conciencia colectiva que se ha adquirido, las autoridades deben actuar sin vacilación, de la mano de la sociedad civil.

El Gobierno está en el deber de probar que su interés en la justicia era real y que no simplemente se ocupaba de asuntos esotéricos, como lo insinuaron sus contradictores. Y la manera más concreta de hacerlo es cumpliendo con la apropiación de mayores recursos para que en todos los municipios del país exista servicio de justicia; para que se pongan en marcha programas exitosos de descongestión y de acceso; para hacer realidad la justicia oral y remunerar dignamente a los funcionarios judiciales. Esto solamente se sabrá en el próximo proyecto de presupuesto del año 2013 mientras que la nueva ministra del ramo habrá de jugarse en el interior del Gobierno para que se haga realidad aquello de que los dineros para la administración de justicia crecerán en términos reales un 2 % por encima de la inflación, y que para atacar el atraso judicial se ubicarán 200.000 millones de pesos anuales por un término de cinco años, que empiezan en el próximo periodo presupuestal.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, completamente remozada a la fecha, tendrá el reto de comprobar que el modelo de autogobierno de la Constitución Política es adecuado y efectivo. En breve plazo debería conocer el país cuáles son sus programas, con metas anuales verificables. Para ello tendrá que hacer conciencia de que los planes de descongestión no pueden seguir entregados exclusivamente al esfuerzo de los funcionarios judiciales, sin recursos suficientes, sin acompañamiento y sin equipos de sistemas adecuados.

El plan de sistematización integral de la Rama tiene que hacerse realidad. No puede posponerse por más tiempo la necesidad de contar con estadísticas sectoriales integrales y confiables, de las cuales puedan conocerse con oportunidad los índices de productividad por despacho. La administración del personal debe fundarse en apropiadas políticas de recursos humanos, ajenas al clientelismo judicial. Para estos efectos, la designación del Director Administrativo de la Rama debe producirse prontamente y recaer en un calificado administrador público. No podemos aspirar que la gerencia del poder judicial la asuman personas de la condición de Javier Gutiérrez, Luis Fernando Alarcón o María Mercedes Perry, por citar algunos nombres.

Así mismo, las corporaciones judiciales deberían comprometerse con la ciudadanía en programas tangibles de descongestión y de acceso a la justicia, como bien lo pudo hacer la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Solo así demostrarán que era cierto aquello de que la reforma era útil en el empeño de acercar la justicia al ciudadano y de hacerla pronta y cumplida.

Entre tanto la sociedad civil organizada deberá impedir que todo siga igual, actuando con sentido de crítica constructiva y haciendo poderosa la voz de la denuncia. Las facultades de Derecho, los gremios, los colegios de abogados, los medios de comunicación y la Corporación Excelencia en la Justicia, claro está, deberán estar atentos al seguimiento de lo que viene; deberán contribuir a divulgar y replicar los programas exitosos y a evitar que después de la tempestad vivida, entremos en un perverso letargo que impida los cambios que se necesitan.