Por un frente para la defensa de la Constitución

Omar Herrera Ariza

Abogado y exdocente universitario

omarherrera10@gmail.com

Con rimbombante estilo e inocultables motivaciones electorales, el expresidente Uribe convocó a los ciudadanos a una “convergencia de puro centro democrático” y a la integración de un “frente nacional contra el terrorismo, el apaciguamiento y por la solidaridad”. Dados los antecedentes doctrinarios del expresidente y de sus conmilitones, la invocación a una pretendida opción política de centro más parece una añagaza que una sincera decisión de apostarle a la búsqueda del equilibrio y de la conciliación armoniosa de los contradictorios intereses que se mueven en el escenario político del país.

Más interesante pero corta en sus pretensiones resulta la invitación a integrar un Frente contra el Terrorismo. En efecto, ¿cómo no respaldar un llamamiento a rechazar  prácticas que impliquen el uso del terror como instrumento de acción política? Pero la convocatoria, para que sea útil, requiere de mínimos matices: ante todo, no puede ser simplemente el uso de los miedos colectivos para suscitar reacciones viscerales en las masas, pues tal empleo, si bien puede producir dividendos electorales a sus gestores, se traduce, en cambio, en una especie de fascistización de la política en cuanto la racionalidad es reemplazada por las emociones, en este caso la muy primaria del miedo que, como lo demuestra la experiencia, puede ser la antesala de mayores violencias. Además habría que agregar explícitamente el rechazo a toda expresión escrita u oral que implique la negación del contradictor, que incite a la violencia o la justifique. El terror que ha de proscribirse no es solo aquel que se manifiesta en el estallido de la bomba o el sonido del disparo; antecediendo y estimulando los actos asesinos está la intemperancia, la intolerancia y la agresividad en el uso abusivo del lenguaje.

Si de contribuir a la concordia se trata, mejor resulta proponer un amplio frente ciudadano que defienda, exija e imponga la plena vigencia de la Constitución e impida que a golpes de prácticas  mañosas se continúe desnaturalizando su espíritu. La Carta Política contiene un generoso marco normativo para fundar la convivencia ciudadana sobre los valores superiores del respeto a la dignidad de la persona humana, la igualdad, la paz y la participación; en ella se reconsidera la noción de derechos ciudadanos que desde 1991 dejaron de ser meras expectativas subjetivas colocadas a manera de simple decorado en el texto constitucional, para convertirse en auténticos poderes en manos de la ciudadanía, instrumentos adicionales en el conjunto de pesos y contrapesos que controlan la gestión de los gobernantes y permiten la materialización de esas aspiraciones y expectativas. La Carta ya permitió la reinserción a la vida civil de combatientes del M-19, EPL, Quintín Lame, paramilitares y otros pequeños grupos guerrilleros y contiene con suficiencia instrumentos para lograr la solución política definitiva del conflicto armado, instrumentos que pueden materializarse mediante el ejercicio del poder legislativo.

No obstante las altas cotas de inequidad que mantienen sumida en la miseria a amplias capas de la población, es evidente que los ciudadanos tienen ahora más posibilidades e instrumentos para el  respeto de su condición de personas dignas que en la situación previa a 1991. Mucho se ha avanzado en materia de guarda de la juridicidad; el papel de la Corte Constitucional ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos de minorías indígenas, de negritudes y de la población homosexual. La defensa erguida de la Constitución resulta entonces un imperativo absolutamente válido.

Si las luchas ciudadanas logran el pleno imperio de la Carta y en tales condiciones el Estado cumple con sus fines esenciales, no habrá lugar para la prolongación del conflicto armado ni para sus expresiones de bárbara degradación, con lo que resultará innecesaria toda convocatoria contra la insania terrorista.