“Padre, ¿los jueces se van a condenar?”

Whanda Fernández León Profesora asociada Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

“Seguro. Todos o casi todos…”

Alfonso Llano Escobar S. J.

Una distancia de más de 30 años, un domingo de junio de 1982, el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar, filósofo, teólogo y colaborador habitual del diario El Tiempo, conmovió a la sociedad y a la judicatura, con una columna de opinión para la que eligió como título la desesperada pregunta que le hizo un hombre inocente, confinado en una cárcel por más de 10 años. Es la misma que encabeza este artículo y que por las conductas impropias de algunos funcionarios judiciales, recobra penosa actualidad.

Pese al desasosiego que engendra el desacierto judicial cometido, los jueces y magistrados de la década de los ochenta, aún conformaban un cuerpo responsable, competente, austero, con virtudes y estándares de conducta, propios de un “buen juez”. Laboraban en prolongados horarios, inclusive el sábado, destinado para visitar las cárceles y verificar las condiciones en que se encontraban los reclusos a su cargo.

Los jueces de instrucción criminal, por prescripción legal, tenían que evacuar la investigación en 30 días y los jueces superiores, encargados de presidir las audiencias públicas ante el jurado de conciencia en los delitos de homicidio y conexos, no podían abandonar las salas de debate hasta tanto no hubiera veredicto, el que muchas veces se pronunciaba en altas horas de la noche. Audiencias y diligencias “con preso” no se suspendían; jueces, fiscales y defensores, lo consideraban una inconsecuencia y una afrenta a los derechos humanos del procesado.

No eran usuales los permisos remunerados y sin justa causa; las licencias, las “escapadas” del despacho, el incumplimiento sistemático de los términos, la descortesía con los abogados litigantes o la insensibilidad con las víctimas. Los episodios de arrogancia, arbitrariedad, omisión de deberes o desvío de poder no fueron tan corrientes.

Por lo anterior, resulta deplorable que la incursión de temibles empresas criminales (narcotráfico y terrorismo) haya logrado desviar la historia del país, sembrar el terror, sacrificar la vida de los más insignes juristas y arrasar con los mínimos éticos exigidos a los servidores del Estado. En ese escenario de violencia y descomposición social, surgió la figura de un “nuevo juez”; nació un “nuevo derecho” y afloró un patrón negativo de juzgador: sin vocación, negligente, mediático, proclive a las actuaciones indelicadas y sin la virtud de la fortaleza ante los riesgos de la corrupción. Hoy es del dominio público el cáustico comentario de que, en las escalas burocráticas de la Rama Judicial, desde 1991, se comenzó a “trepar” y no a ascender.

Si el drama del cautivo absuelto después de 10 años de prisión, indignó de tal manera al padre Llano que no vaciló en presentarlo a sus lectores como “el escándalo que estamos presenciando y sufriendo en el ejercicio profesional de nuestros jueces”, ¿cómo reflexionará el maestro de la deontología jurídica ante el ominoso espectáculo que ahora protagonizan algunos funcionarios? ¿Qué pensará la gente decente del turismo judicial, de la cultura de devengar sin trabajar, de los carruseles y de los favoritismos, denunciados a diario?

Ya no queda duda sobre las causas del hacinamiento carcelario, la morosidad, los aplazamientos, el cambio de jueces en los juicios orales, ni sobre la falacia que envuelve el peregrino argumento del “cúmulo de trabajo”, esgrimido con frecuencia para disculpar la desidia.

El vacío ético de algunos logró la ruptura entre la sociedad y la administración de justicia. El ciudadano ha perdido la fe; alguien le debe una disculpa.

Empero, sería exagerado generalizar y decir que toda la justicia está contaminada. Muchos magistrados y jueces, con su señorío, honestidad intelectual, idoneidad profesional y permanente búsqueda de la excelencia, enaltecen la obra judicial. Conscientes de que el devenir de la justicia traza el destino del país, conducen su vida con decoro y ejercen sus funciones con dignidad. Para ellos, respeto y admiración.