Los retos de una comisión de la verdad en Colombia

A propósito de la constitución de una “comisión histórica del conflicto y sus víctimas” en el marco de los diálogos de La Habana, es pertinente reflexionar acerca de qué significa hacer memoria en Colombia y los retos de un trabajo de esta naturaleza. En esta edición, CITpax y ÁMBITO JURÍDICO invitan a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, para hablar sobre la experiencia de recuperación de la memoria histórica en ese país, y al experto Camilo Villa Romero, quien expone las dificultades de una comisión de la verdad propuesta desde la institucionalidad colombiana.

 

La recuperación de la memoria histórica en Guatemala

 

Nery Estuardo Rodenas

Director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

 

El mundo ha sufrido guerras que han generado crueles consecuencias para la población civil, donde el detalle de los hechos y violaciones a derechos humanos (DD HH) usualmente no son conocidos por todos. Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años. Durante el proceso de paz, se discutieron entre los representantes de la guerrilla, aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y del Gobierno una serie de acuerdos para superar las causas que lo originaron y poner fin al mismo.

 

Uno de estos acuerdos es el relacionado con la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad integrada por dos honorables ciudadanos guatemaltecos y un representante de Naciones Unidas. Su objetivo fue rescatar la historia de lo acontecido por medio de los testimonios de las personas que sufrieron violaciones a sus DD HH.

 

Este acuerdo tenía algunas limitantes, como la no mención de responsabilidades individuales y el tiempo corto para su funcionamiento. En 1995, la Iglesia Católica guatemalteca promovió una propuesta para apoyar el trabajo de la CEH y que no tenía las limitantes mencionadas: Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Para este trabajo, se preparó “Animadores de la Reconciliación”, con el fin de recibir testimonios, y, a través de los medios de comunicación, se invitó a quienes sufrieron o conocieron violaciones a los DD HH de parte de agentes del Estado, grupos paramilitares o miembros de la guerrilla. Durante tres años, se recibieron cerca de 6.000 testimonios que fueron analizados y sirvieron para redactar el informe Guatemala, nunca más, presentado el 24 de abril de 1998, en la Catedral Metropolitana de Guatemala.

 

El informe permitió tener un diagnóstico del país después del conflicto, conocer las principales causas que lo originaron, los impactos de la violencia, los mecanismos de horror que se utilizaron y sus consecuencias. Se conoció la existencia de 426 masacres, suma que fue superada por el informe Guatemala, memoria del silencio, que contabilizó 626 –si se tienen en cuenta los hechos no denunciados, la suma puede ser de 800-, concluyendo que se cometió genocidio.

 

Luego, se utilizaron mecanismos en aras de reconstruir el tejido social. Para la recuperación de los restos, se realizaron exhumaciones antropológico-forenses, se dio acompañamiento sicológico a las comunidades, se inició la búsqueda de personas desaparecidas, procesos de dignificación a las víctimas y el inicio de acciones ante los tribunales de justicia para la deducción de responsabilidades.

 

Dos días después de este hecho histórico, fue asesinado el coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y encargado del proyecto, monseñor Juan José Gerardi. Luego de una investigación difícil y peligrosa, un tribunal calificó el hecho como un crimen de Estado, condenando a 30 años de prisión a tres militares, y a 20 años, a un sacerdote católico, por la ejecución extrajudicial, vinculando el hecho con la presentación del informe del REMHI. La muerte de monseñor Gerardi pretendió frenar los procesos derivados del informe Guatemala nunca más.

 

Dar testimonio permitió a quienes experimentaron la violencia cerrar duelos, recobrar la confianza y superar los procesos personales: “Ahora estoy contento, porque este testimonio que di va a quedar como historia. Ya no tengo duda. Ya quité todo el dolor por dar mi testimonio” (Caso 3967). Esto permite sentar las bases para la construcción de un país democrático que se fundamente en la verdad y el resarcimiento a las víctimas, a través de varios mecanismos, como el acceso a la justicia, y, luego, hablar de perdón y reconciliación.

 

Para los países latinoamericanos que han sufrido la guerra, estos procesos son necesarios para que no se vuelva a repetir con todas sus consecuencias. El pueblo colombiano, especialmente, que se encuentra en un proceso de diálogo, debe considerar como vital el conocimiento de los hechos cometidos por todos los actores involucrados en la violencia. Monseñor Juan Gerardi expresó poco antes de morir: “conocer la verdad duele, pero es un proceso altamente saludable y liberador”.

 

 

Comisión de la verdad y el negacionismo en Colombia

Camilo Villa Romero

Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

 

El Ministerio de Hacienda calcula que, en la última década, el Estado gastó más de 230 billones de pesos en la guerra, manteniendo como principal rubro el de Seguridad y Defensa. Para el primer año del segundo gobierno de Santos, se destinarán 27,7 billones, lo que representa el 17,9 % del presupuesto nacional.

 

El presupuesto militar ha saltado de 12,6 billones, en el 2000, a 27,7 billones, en el 2014, es decir, un aumento del 120 % en 14 años. El presupuesto de Defensa es 100.000 veces superior al de Deporte y Recreación, 80.000 veces superior al de Cultura y 120.000 veces superior al de Empleo Público. Este inmenso gasto y la militarización de los territorios alimentan la guerra, violencia política, corrupción y paramilitarismo. Colombia necesita parar la guerra para construir la paz.

 

El Estado sostiene su visión negacionista histórica, con la que justifica la hipótesis de la violencia generalizada y, paradójicamente, al tiempo adelanta una mesa de diálogos, con lo que se acepta la persistencia del conflicto armado interno y el carácter beligerante de las guerrillas. Para el Gobierno, es conveniente mantener dicha contradicción, pues para sobrevivir al proceso de transición debe dar un tratamiento a los crímenes del pasado y del presente y, a la vez, edificar su legitimidad. Colombia necesita una doble transición. Por un lado, está la tarea de profundizar la apertura democrática con mecanismos de inclusión política y, por el otro, depurar y reformar un Estado que se ha instituido en medio de la violencia política, represión y guerra sucia.

 

La transición que tienen en mente el Gobierno y las élites bebe del negacionismo histórico, pues no existe, a la fecha, un reconocimiento integral de la responsabilidad del Estado en la conformación y creación de los grupos paramilitares, ni en su participación en el genocidio político y étnico. Se utiliza la figura de “Estado víctima”, para desviar la atención y ocultar con argucias conceptuales su responsabilidad en la guerra y la violencia socio-política.

 

Todos los instrumentos de justicia transicional vigentes son buenos ejemplos de esta duplicidad (L. 975/05, L. 1448/11, Marco Jurídico para la Paz, etc.). Se desmovilizan los grupos paramilitares sin que el Estado acepte su paternidad y connivencia, se inicia el proceso de reparación de las víctimas sin que se reconozca la impunidad estructural ante la criminalidad estatal, se ingresan herramientas transicionales para miembros de la fuerza pública bajo la tesis de errores militares. No se puede hacer frente a violaciones a los derechos humanos (DD HH) sin el reconocimiento de los crímenes de Estado y un plan de reformas institucionales que garanticen la no repetición.

 

Una comisión de la verdad (CV) puede ser un mecanismo no judicial que permita “derrotar” el negacionismo en Colombia. Sin embargo, debe estar acompañada de una política de desclasificación de información reservada, depuración de las ramas del Poder Público y ajuste del ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre derechos de las víctimas. Paralelamente, debe emprenderse una reforma que derogue la normativa producida en el marco de la política de seguridad y que ha generado violaciones masivas de DD HH.

Como resultado de los acuerdos parciales entre el Gobierno y las FARC, se ha encomendado a un grupo de 12 académicos la tarea de reconstruir la historia del conflicto armado y de la violencia socio-política en Colombia. Con el informe final de esta comisión se espera avanzar en esta labor e incorporar enfoques independientes que problematicen el estado de negación en el que nos encontramos.

 

El mandato y la autonomía de una CV deben ser el centro del debate político, pues su creación supone la incapacidad del Estado para garantizar investigaciones efectivas en los casos de violaciones masivas y sistemáticas de DD HH. También implica un desafío importante rescatar la memoria histórica del conflicto y la violencia e interpretar el “peligro” que supone el negacionismo en el país.

 

Otras experiencias muestran que subsisten resistencias a los posibles efectos políticos de una CV, donde la sociedad civil ha emprendido esfuerzos independientes de corrección y complementación. Esto sucedió con el Proyecto REMHI en Guatemala, o los casos de Perú, Brasil, Chile y Argentina, en los que plataformas de organizaciones civiles produjeron informes alternos a las comisiones.

 

Los proyectos Nunca más han significado un esfuerzo por demostrar el carácter sistemático de las violaciones y de la responsabilidad estatal. Con este espíritu se creó, en el 2005, la Comisión Ética Internacional para Colombia, cuya labor ha sido escuchar y acompañar a las poblaciones que han sufrido la violencia política.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha construido una propuesta de CV para esclarecer los motivos políticos y económicos que han producido graves violaciones de DD HH, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con especial énfasis en aquellos cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares: ver: www.movimientodevictimas.org.