Gobierno y Congreso acertaron al calificarla de histórica. Razones hay para compartir esta calificación: el hecho que el Gobierno haya reconocido el conflicto armado en Colombia, la atribución de responsabilidad a agentes del Estado, el plan de restituirles las tierras a los desplazados por la violencia, los recursos que tendrá que destinar el Estado para indemnizar a las víctimas y el protagonismo que asumieron las víctimas, luego de una Ley de Justicia y Paz que privilegió a los victimarios.

Ya vigente la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (L. 1448/11), luego de un prolongado debate político, sigue habiendo muchas esperanzas en su aplicación. En especial, en la capacidad institucional y fiscal del Estado para cumplir con uno de los mayores retos jurídicos y políticos que haya visto el país en los últimos tiempos.

En este momento, están pendientes algunas sentencias sobre su constitucionalidad. Una de ellas es el tema más controversial: el que estableció un límite temporal para la reparación, pues la ley solo cobija a las víctimas de los hechos de violencia posteriores al 1º de enero de 1985. El tiempo se encargará de que realmente pase a la historia.