La justicia no es como la pintan

Néstor Humberto Martínez Neira Socio de Martínez Neira Abogados Consultores

En el acto de sanción del Código General del Proceso escuché decir públicamente al Presidente de la República que según el informe del Banco Mundial sobre el clima de los negocios global, denominado Doing Business, Colombia tiene uno de los sistemas judiciales más morosos del mundo, al lado de países caracterizadamente iletrados y con instituciones débiles, al punto que en el indicador que mide “la ejecutabilidad de los contratos” entre 183 economías y particularmente el tiempo que se toma el cumplimiento judicial de una obligación patrimonial, nos ubica en el deshonroso puesto 152. Es decir, la morosidad judicial entre nosotros es extrema.

Este informe es publicitado al mismo tiempo en Colombia y en el exterior por ministros de Estado, funcionarios de todo nivel e ilustres académicos y juristas, mancillando la reputación de uno de los pilares de nuestro Estado de derecho. Si fuera cierto, no habría cabida para el disenso. Pero nuestro olfato indica que si bien es mucho lo que hay por hacer en la reforma a la administración de justicia, las cosas no son tan extremas y mucho menos se puede comparar nuestra justicia con la de países que apenas se asoman al Tercer Mundo. Cualquier abogado en ejercicio podrá dar cuenta de que, en la actualidad, se han reducido sustancialmente los tiempos de los procesos en la justicia administrativa y la justicia civil. Si ello es así, ¿cómo se le puede atribuir confianza absoluta al estudio del Banco Mundial y cómo se le hace coro al mismo, sin sentido de patria? De allí la importancia de ir a sus raíces para ver la fidelidad del resultado sobre Colombia en el ranking mundial de mora judicial.

Para empezar, llama la atención, con carácter de sospecha, que en el mencionado Doing Business de los años 2010, 2011 y 2012, se concluya que un proceso judicial en Colombia para ejecutar un contrato y obtener el pago de una prestación económica, siempre se toma en promedio 1.346 días comunes, para cada uno de esos años. Tal resultado repugna a toda lógica y pone en evidencia que la burocracia internacional se limita a copiar año tras año las mismas cifras, sin tomarse el cuidado de llevar a cabo indagaciones rigurosas. Nadie que sea realmente usuario del sistema judicial colombiano, por más crítico que se muestre, puede afirmar apodícticamente que los procesos duran el mismo número de días, año tras año, y mucho menos para los años 2010 a 2012, en los que por la puesta en marcha del plan de descongestión se ha evidenciado una notoria mejoría en los tiempos de los procesos.

Indagando más a fondo sobre la construcción de este indicador ecuménico, se llega a la sorpresa de que el Banco Mundial no arriba a estas estadísticas a través de estudios de campo, levantando cifras en los despachos judiciales, sino por medio de encuestas que diligencian firmas de abogados. Sería muy interesante conocer el contenido de dichas encuestas y la forma como en cada firma se presta atención a este asunto.

Los estudios de campo, con base en expedientes judiciales, muestran un resultado distinto al que se pregona a los cuatro vientos. Y no se trata de investigaciones hechas por los jueces o por el Consejo Superior de la Judicatura. El país debería conocer un estudio elaborado el año anterior (2011) por el propio Banco Mundial sobre una muestra de 22.352 procesos mercantiles, de suyo representativa, cuyas conclusiones indican cosas totalmente distintas al informe Doing Business. El documento denominado “Congestión en los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá: Causas y posibles soluciones” (Banco Mundial, 2011), afirma que –hasta el momento del pago efectivo de una prestación en Colombia– un proceso ejecutivo singular se toma 545 días en promedio; un ejecutivo mixto 430 días; un hipotecario 591 días; un abreviado 440 días; un verbal 455 días y un ordinario 751 días.

En cualquiera de estos casos estamos muy lejos de los 1.346 días que le asigna a nuestro país el denominado estudio Doing Business a partir de encuestas espurias, por lo que bien debería el Banco Mundial reubicar a Colombia en el lugar que le corresponde en el indicador de “ejecutabilidad de los contratos”, según sus propios estudios. De ser así, estaríamos mucho mejor que el promedio de América Latina (708 días) y nuestros vecinos de ranking serían países como Argentina, Chile, Canadá, México y Suecia, para citar algunos otros sistemas judiciales distintos al barrio del que forman parte Afganistán, Angola, Bangladesh, Djibuti, Eslovenia, Italia, Liberia y Surinam, a donde nos quieren confinar, contra toda realidad.

Hay motivos para pensar que las cosas están cambiando. Desde el año 2009 los despachos judiciales lograron que el nivel de procesos tramitados sea mayor al de las nuevas demandas ingresadas al sistema, lo que por primera vez nos permite ser optimistas acerca de la posibilidad de derrotar la congestión judicial. El año anterior el índice de evacuación de procesos fue del 119 %, el más alto de la historia; es decir que los juzgados lograron tramitar un 19 % de casos por encima de los procesos que ingresaron durante el mismo ejercicio.

Queda mucho para mejorar la eficiencia del sistema judicial. Pero, en el entre tanto, los irredimibles críticos, funcionarios y profesionales del derecho, muchos de los cuales creo, no conocen una baranda judicial, deberían aceptar la convocatoria que se formula para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. En cualquier caso es una tarea más constructiva que andar repitiendo irresponsablemente resultados del Doing Business que son descalificados por los estudios del propio Banco Mundial.