La formación de los abogados necesita alta calidad

 

Claudia Patricia Romero Romero

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

Ante los hechos de corrupción en la justicia que ha conocido el país se deben buscar sus causas u orígenes para luego formular soluciones. Naturalmente, y esta es solo una de las partes del rompecabezas, es necesario mirar los problemas de formación de los futuros profesionales del Derecho.

 

Lo anterior porque graduarse como abogado en Colombia, en algunos casos, ha pasado de ser una carrera exigente, de sacrificios, estudio y entrega a venderse como una titulación exprés con la consecuente baja calidad.

 

Si bien en 10 semestres de carrera universitaria se dejan establecidas unas bases sólidas que se complementan y se fortalecen con el ejercicio de la profesión o con posgrados, vale preguntarse si un tiempo inferior amenaza la formación ordenada por la ley y afecta ciertas competencias para el litigio.  

 

Pero el tema no solo se queda en el tiempo que se estudia, sino en qué materias se sacrifican, ¿serán la ética y, en general, las humanidades las perjudicadas?

 

Lo anterior no significa que una u otra universidad o modalidad educativa sean semilla de corrupción, pero vale afirmar que la formación idónea y en el tiempo justo y necesario contribuye con profesionales capacitados, aptos, honestos y menos tolerantes a conductas éticas reprochables.

 

El asunto de la calidad

 

 

En sus 10 reflexiones sobre la crisis de la justicia, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) citó que en el año 2007 había 7.210 programas de Derecho, actualmente la cifra asciende a 18.811, de los cuales solo 39 cuentan con acreditación de alta calidad.

 

Así mismo, siempre según la CEJ, el número de abogados ha crecido de forma sustancial en los últimos años: mientras en 2006 se inscribieron en el Registro Nacional de Abogados 9.532 personas, en 2016 lo hicieron 17.233, un aumento del 81 %.

 

Y si bien no se muestran estas cifras como algo estrictamente negativo, sí plantean preguntas sobre los estándares de calidad de la enseñanza y qué tal es la formación en ética de los futuros defensores de los derechos de los ciudadanos.

 

Para apuntalar esta idea, no se trata de solo números, ÁMBITO JURÍDICO recuerda algunos casos relacionados con los programas de Derecho.

 

Programa exprés

 

En el año 2016 se suscitó un problema legal entre una universidad que dicta la carrera de Derecho y uno de sus alumnos, debido a que este último afirmó que la institución educativa no contaba con registro calificado para que bajo una modalidad abreviada ofertara la carrera. Este programa, que lleva 17 años graduando profesionales, ofrecía a estudiantes de otras carreras obtener el título de abogado en cinco semestres.

 

Lo anterior tiene el riesgo de que a más de 700 profesionales graduados en el marco de estas condiciones se les pueda cancelar su tarjeta profesional, teniendo en cuenta que obtuvieron el título bajo una categoría educativa no aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.

 

La reducción notoria del tiempo de formación podría afectar las condiciones de calidad de estos profesionales. Sin embargo, la universidad ha afirmado que el ofrecimiento del programa ha contado con los actos administrativos que la autorizan y concluye que la admisión mediante transferencia externa ha sido sometida a la evaluación, inspección y vigilancia por parte del Icfes y de Mineducación. (Lea: ‘Abogado exprés’, ¿es factible?)

 

Exparamilitares abogados

 

 

En otro caso relevante, desarrollado en los años 2015 y 2016, fueron encontradas irregularidades en una corporación universitaria, tales como falsedad en documentos institucionales y apertura de programas no autorizados por el Ministerio de Educación. 

 

El ministro encargado en esa época puso su atención en un programa de Derecho no autorizado realizado en la cárcel La Picota de Bogotá y adelantado por esta corporación.       

 

Precisamente, 22 personas se graduaron como abogadas, entre ellas 11 exparamilitares, luego de recibir su formación universitaria en el centro carcelario, pero ahora se sabe que la institución no contaba con registro calificado o autorización del ministerio.

 

Al respecto, el funcionario indicado afirmó: “Le negamos en dos ocasiones, en los años 2012 y 2013, la autorización de ofrecer este programa y aun así graduaron y dieron títulos de abogado a 22 estudiantes, dentro los cuales 11 hacen parte del programa Justicia y Paz, quienes pagaron por este servicio la suma de $ 3.225.000 semestrales durante ocho periodos, es decir, cada uno de ellos pagó $ 25´800.000”.

 

Dentro de los que recibieron el título profesional se pudieron identificar altos mandos de las autodefensas, como Luis Eduardo Cifuentes Galindo (El Águila), Edward Cobo (Diego Vecino) o Edgar Ignacio Fierro (Don Antonio). (Lea: Corporación Ideas graduó como abogados a reclusos de La Picota sin autorización: Mineducación)

 

Derecho en forma intensiva

 

 

Desde el año 2008, una fundación universitaria ofertaba la carrera de Derecho con una duración de tres años y medio a los denominados “grupos especiales de pedagogía intensiva”.

 

Esta modalidad estaba dirigida a servidores públicos, como miembros del Ejército, Policía, Dijín, Sijín, CTI, Inpec, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial, ramas Legislativa y Ejecutiva, gobernaciones, alcaldías, entre otros. Así mismo, a profesionales, tecnólogos y técnicos en un campo distinto, y contemplaba el mismo plan de estudios y el número de créditos de la carrera regular, pero se desarrollaba en tres periodos por año.

 

La polémica idea era que con este proceso corto las personas que laboran en el día pudieran capacitarse en la noche y las que ya cuentan con un título estudiaran Derecho en forma intensiva.

 

Fuentes consultadas por ÁMBITO JURÍDICO en su momento plantearon que “si en cinco años ‘se pasan trabajos’ para formar un abogado íntegro en conocimiento y valores, más lo será en menos tiempo. No hay ninguna bondad en una titulación exprés”.

 

Falsificación de títulos

 

Este año, un juzgado de Pereira (Risaralda) prohibió a una jueza municipal de garantías dar clases, luego de imponerle medida de aseguramiento dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta falsificación de títulos profesionales.

 

Lo que se destapó con esta decisión es que la profesora habría firmado cinco actas de sustentación de trabajos de grado inexistentes. En este caso también se impuso medida de aseguramiento a seis estudiantes por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar u ofrecer. Se analiza la falsificación de más de un centenar de títulos profesionales de abogados, entre 2014 y 2015.

 

Un caso grave que genera inquietud por las presuntas actitudes fraudulentas de los estudiantes desde mucho antes de graduarse. (Lea: Prohíben a jueza dar clases por presunta falsificación de títulos de abogados)

 

Cambios en la normativa sobre calidad

 

Ante estas situaciones que surgieron sobre los programas de Derecho y la ola de nuevas facultades, los ministerios de Justicia y de Educación trabajaron en 2016 en una resolución para definir las características específicas de calidad para los pregrados.

 

Este proyecto de norma, que a la fecha no ha sido proferida, pretendía que el estudiante adquiera competencias y capacidades relevantes para el litigio. Además, proponía derogar la Resolución 2768/03.  

 

Los principios de la propuesta eran:

 

1. Programas y abogados que cumplan con estándares de calidad mucho más altos.

 

2. Prácticas profesionales que evidencien el desarrollo de las competencias planteadas en el perfil profesional.

 

3. Enfoque de desarrollo por competencias (cognitivas, investigativas, comunicativas, de gestión del conflicto y éticas, así como capacidades para la conciliación, el trabajo interdisciplinario y el litigio).

 

4. Formación jurídica, humanística (competencias comunicativas, digitales y tecnológicas) y de flexibilidad transversal (análisis lógico, analítico, principalístico y axiológico aplicado a la actividad profesional, así como métodos alternativos y jurídicos de solución conflictos que faciliten la interpretación constitucional y legal y la argumentación jurídica).

 

5. Programas que cuenten con una estructura curricular flexible, mediante la cual se organicen aprendizajes, estrategias de enseñanza y evaluación.

 

6. Infraestructura física que cubra las necesidades del programa de Derecho, en particular el del consultorio jurídico.

 

7. Mejoramiento continuo de los programas de Derecho.

 

Pero ha pasado el tiempo desde esta propuesta, han cambiado los ministros de los respectivos despachos y no se conoce en qué quedaron estas ideas. (Lea: Qué reforma necesita la educación en Derecho)

 

En el Legislativo también se han adelantado iniciativas para fortalecer la exigencia. Por ejemplo, un proyecto de ley busca hacer obligatorio aprobar el examen de calidad de la educación superior (Ecaes) como requisito para obtener la tarjeta de abogado.

 

Si bien es un error vincular los problemas de corrupción en la justicia exclusivamente con fallas en la formación, los centros de educación superior deben hacer parte en la lucha contra este flagelo, para esto lo sustantivo es que los estudiantes sean vistos como pilares de la sociedad y su preparación académica esté fundada en valores y comportamientos acordes con la honestidad exigida a la profesión.

 

Finalmente, si se encuentra estudiando, ya lo hizo o piensa hacerlo, verifique aquí si la institución está reconocida por el Mineducación o si el programa académico que cursa está aprobado.