La cultura de la fuerza

Francisco Bernate Ochoa

Coordinador del Área de Derecho Penal de la Universidad del Rosario

Twitter: @fbernate

Muchas son las enseñanzas que quedan del recientemente suspendido paro judicial y, superada la tormenta de la refriega, se abren los espacios para reflexionar de manera pausada sobre lo que significa la justicia para una sociedad como la nuestra, y sobre su estado actual, en tiempos en los que se habla de posconflicto y de una nueva Colombia, ignorando que el verdadero camino hacia la paz no está en la firma de un documento, sino en la consolidación de una cultura de la legalidad y del respeto hacia el otro.

En toda relación de personas, el conflicto es un espacio previsible. Desde un punto de vista estrictamente teórico, lo que marca el camino de la barbarie a la civilización no es que las discrepancias desaparezcan, sino que las mismas tengan solución, ya no por la fuerza, sino a través del establecimiento de una serie de normas y procedimientos, para que sea un tercero quien le dé la razón a quien le corresponda, y pueda así cada ciudadano realizarse como persona, según su proyecto de vida en la organización estatal.

En este mismo orden de ideas, el conflicto laboral es un escenario absolutamente previsible entre quienes prestan sus servicios personales y quien posee el capital. La cantidad de vidas que –incluso en Colombia– se han sacrificado en pro de las garantías de los trabajadores conllevó el nacimiento de sus derechos colectivos, entre los que está la huelga, y el establecimiento de mecanismos civilizados para la solución de las controversias en estos espacios. Pues bien, dentro del reciente paro judicial, precisamente ello fue lo que se presentó, una divergencia de criterios, en la que los funcionarios de la Rama Judicial tienen unas reclamaciones que, entienden, no han sido atendidas, y el Gobierno tiene sus propios puntos de vista. Hasta ahí, todo normal y, entendería el ciudadano del común, deberían activarse los mecanismos legales para que se resuelva esta controversia, que ha sido prevista de antemano por el legislador.

Es precisamente por ello que el Código Sustantivo del Trabajo que nos rige establece las maneras en que estas controversias han de resolverse, disponiendo que, si se considera, como lo manifestara el Gobierno, el paro es contrario a la legalidad, por ser la justicia un servicio público esencial. Se debe acudir a la autoridad judicial para que así lo declare, pues mientras ello no haya sucedido, se presume que el paro es legal. En otras palabras, en el caso de una fábrica de zapatos cuyos operarios han entrado en huelga reclamando alguna prestación laboral, lo que la ley establece es una serie de mecanismos para superar el conflicto, pero jamás patrocina que el dueño del capital acuda a la fuerza para disolver esta manifestación.

Pues bien, el reciente paro judicial deja mucho para reflexionar sobre la manera en que nuestras autoridades se comportan frente a la justicia. Transcurrieron más de tres meses de paro, tiempo más que suficiente para que el Gobierno solicitara la declaratoria de ilegalidad y resolviera la cuestión, pero no, se acudió al matoneo mediático, al desprestigio de quienes lideraron la protesta, a terminar de un solo plumazo con los despachos de descongestión y, por último, al uso de la intimidación por la vía penal y policiva, es decir, el desconocimiento completo de la legalidad y del Estado de derecho, y el mensaje de que los conflictos no habrán de resolverse por la legalidad, sino por la fuerza.

Queda pues nuestro Estado absolutamente deslegitimado para cuestionar a los particulares que acuden a la fuerza para resolver sus conflictos, pues esa es la manera en que él los resuelve. Ya nuestros empresarios vieron que la forma de disolver una protesta sindical es la de la intimidación y la fuerza, que cuando los operarios osen cerrar las puertas de la fábrica tendrán en el Código Penal y las fuerzas policivas la herramienta para reabrirlas y sepultar para siempre las reclamaciones, justas o no, de los trabajadores.