Justicia pronta y cumplida, presupuesto para la paz

Mariela Vega de Herrera Abogada especialista en Derecho Administrativo marielavega70@hotmail.com

En cumplimiento de las promesas electorales –o por el apremio del bajón que reportan las encuestas, según algunos malpensados–, el Gobierno propone para desarrollo legislativo en el Congreso, importantes iniciativas en materia de salud y de pensiones, ambas en sintonía con acciones previas expresadas en las negociaciones de La Habana, y con programas de restitución de tierras en procura de mínimos de equidad en el agro y de vivienda de interés social en las ciudades.

El contenido reformador y progresista que a esas iniciativas atribuye el discurso oficial se enmarca dentro del paradigma propuesto por el presidente Santos para atender los reclamos de justicia social y lograr la superación de precarias e indignas condiciones de existencia en las que se debaten millones de compatriotas.

Por supuesto que los temas de la paz y de la guerra; de la garantía y efectividad de los derechos a la salud, a la protección social en la vejez; de la equidad en la tenencia y usufructo de la tierra concitan el interés general y ameritan la necesidad de juiciosas y patrióticas reflexiones, no solo en el parlamento, sino en el seno de la sociedad civil. Los avances que en esas materias puedan lograrse se traducirán en la superación de las actuales condiciones, que no son las mejores para muchos de los colombianos, y en beneficio del interés general, por cuanto contribuirán en los esfuerzos de construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Porque asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo es uno de los fines del Estado, y porque la paz es un derecho y un deber que compete a todos, la gestión que en ese sentido desarrolla el Presidente debe ser respaldada por los colombianos; las voces de quienes se levantan contra la paz deben ser desoídas. Claro que las negociaciones darán mejores rendimientos si se involucra al mayor número de actores sociales para que, con patriotismo y generosidad, aporten claridad sobre las causas de esta crisis y sobre los correctivos para rebasar exponenciales índices de inequidad y de violencia.

La convivencia y el orden justo exigen, además, que derechos fundamentales como la salud y la seguridad social sean realmente garantizados a la población; eso supone la desmercantilización de esos bienes sociales y no será suficiente con simples cambios de nombre a las EPS por gestores de salud.

Pero para lograr el cese del conflicto; mejorar los índices de equidad en la tenencia de la tierra; avanzar en la resolución del problema de la vivienda; garantizar la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, particularmente a la salud y a la seguridad social; en fin, hacer de Colombia un país justo, moderno y seguro, es necesaria por sobre todo una función judicial eficiente que, comprometida con los intereses del país, imponga el cumplimiento del orden jurídico que se expedirá para el efecto.

Lamentablemente, fracasada la reforma judicial, ni el Gobierno, ni el Congreso han vuelto a ocuparse del tema. Esa omisión es de extrema gravedad: sin justicia, sin aparato institucional que dé a cada quien lo que le corresponde, que proteja los bienes jurídicos colectivos e individuales, poco o nada se avanzará en la cristalización de los acuerdos que pongan fin al conflicto o en la tarea de construir escenarios de justicia social.

El posconflicto obliga a pensar en una reingeniería de la función judicial que supere la congestión y el atraso; que devuelva respetabilidad y credibilidad a la rama y que permita a todos los ciudadanos el derecho de acceder a sus jueces y a esperar de ellos justicieras soluciones.