Justicia para la justicia

Omar Herrera Ariza

Abogado y exdocente universitario

omarherrera10@gmail.com

El fracaso en la intentona de acto legislativo con el que el Gobierno pretendió cumplir una de sus promesas electorales, la de modernizar y hacer eficaz el funcionamiento de la Administración de Justicia, pone sobre el tapete de la discusión nacional la opción de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer lo que el Congreso, preocupado únicamente por la salvaguarda de los intereses personales de sus miembros, fue incapaz de realizar. Solo que, como con razón lo anotaron tanto el Procurador como reconocidos analistas, una Constituyente en el actual estado de agitación política es todo un salto al vacío que podría conducir, so pretextos altruistas, a la destrucción del entramado institucional que reconoce los derechos fundamentales y posibilita la idea de Estado Social de Derecho.

Reconstruir la confianza ciudadana en sus jueces supone enfrentar y superar las inveteradas dolencias de la Rama: unas de carácter objetivo como su obsolescencia, los obstáculos y barreras que impiden al colombiano común y corriente acceder a sus servicios, su congestión y morosidad que se traducen en impunidad y en incapacidad para dar a cada quien lo que corresponde; otras, subjetivas, que tienen que ver con la calidad de los fallos y con el talante moral e intelectual de los operadores judiciales.

Vencer esos males no demanda, necesariamente, manosear la Constitución ni sustituirla o derogarla. Las causas materiales, objetivas, de las malandanzas de la Rama pueden tratarse eficazmente con los recursos ordinarios de la ley y de las decisiones del Ejecutivo. Basta al Gobierno, por ejemplo, mediante el adecuado uso del presupuesto, inyectar los recursos financieros necesarios que permitan superar las limitaciones en oficinas, medios y funcionarios  generadoras del atraso en los despachos judiciales; poner en marcha planes de descongestión no requiere ni de acto legislativo ni de Asamblea Constituyente; simplificar los procedimientos, reducir la tramitomanía y agilizar los procesos  (como se pretende con la expedición del Código General del Proceso), en el objetivo de lograr pronta y cumplida justicia es asunto de decisión legislativa y de voluntad política. Introducir la oralidad y las nuevas tecnologías de la comunicación, digitalizar los sistemas son tareas de factible realización con los instrumentos  normativos ordinarios.

Sin embargo, es preciso advertir que la eficacia de las medidas sugeridas está condicionada a la reducción de la demanda de justicia por parte de la población. Será inútil esperar, por ejemplo, que disminuyan las acciones de tutela si, de otro lado, Estado y EPS se empeñan en desconocer el  derecho a la salud; o que los trabajadores desistan de acudir a la justicia cuando los patronos deciden vulnerar legítimas conquistas laborales. Hacer menores las causas de litigiosidad, actuar  desde el Ejecutivo en el sentido de mejorar las condiciones de convivencia, va de la mano con la posibilidad de mejorar el funcionamiento de la Rama Judicial.

Más difícil y de mayor aliento en el tiempo es la tarea de actuar sobre las causas subjetivas de las fallas en la justicia, que llevan a los ciudadanos a descreer de sus jueces. Formar operadores judiciales probos e intelectualmente idóneos, que entiendan su función no como un privilegio que los separe de la sociedad, sino como un honroso deber republicano, es asunto que compromete tiempo y  diversos actores. En primer lugar a las facultades de Derecho: de ellas la obligación de contribuir y orientar a sus estudiantes en el objetivo de que construyan sólidos conocimientos  que les permitan asumir al Derecho, no como una forma de adquirir fortunas, sino como una herramienta para que la sociedad tenga una vida buena. Pero también a los  magistrados de las altas cortes que deben ejemplo de dignidad y decoro, lo mismo en el ejercicio de sus funciones que en todos los actos privados y públicos de sus vidas. Solo así, sin menester de continuar tasajeando a la Constitución, podrá hacerse justicia a la justicia.